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Luego de 19 meses de detención a raíz de una redada en la planta procesadora de carne de Iowa, alrededor de una docena de mujeres inmigrantes continuan llevando dispositivos de rastreo en sus tobillos, mientras que autoridades federales deciden su destino.

Imposibilidad de Contar sus Historias

Sonia Parras Konrad, una abogada de Des Moines quien ha representado 44 clientes sin cargo de Postville, dijo que Rubashkin enfrenta cargos federales. Muchos de los inmigrantes que se quedan, enfrentan la deportación sin haber tenido nunca la oportunidad para contar el abuso y la explotación que han padecido.

En 15 de diciembre , un gélido día de nieve, un flujo constante de mujeres y niños corrían a través de la oficina local del Centro Hispano de la iglesia Católica Romana buscando ayuda de un asistente bilingüe legal; Violeta Aleman, ministro Hispano Paul Rael y unos trabajadores sociales bilingües como Bill Deutsh.

El estrés por la separación de sus seres queridos quienes ya han sido deportados y la preocupación de no saber si ellos también se verán obligados a regresar a sus países donde no tienen ninguna esperanza, ha generado una gran necesidad de orientación, dijo Deutsch.

A principios de esta semana, Women’s eNews habló con 5 de las 11 mujeres quienes todavía utilizan los monitores. Todas ellas dicen que los dispositivos han creado moretones cuando caminan e interfieren con su sueño. La solución que dan algunos oficiales, es que se cambien el monitor a la otra pierna, comentó Alemán.

El portavoz del departamento de Seguridad Nacional Tim Counts expresó, que algunos de los dispositivos han sido removidos pero no pudo decir un número exacto. Counts dijo que escuchó reclamos, pero "no tiene pruebas documentadas sobre lesiones."

Defensores de la reforma migratoria y una coalición de voluntarios de los líderes religiosos, ciudadanos locales, abogados, trabajadores sociales y traductores han expresado su indignación sobre la decisión de retirar los cargos federales de inmigración contra el propietario de la planta Rubashkin.

Leslye Orloff, directora del Programa de Mujeres Inmigrantes Legal Momentum, para la defensa jurídica y la educación, fundado en Washington, D.C., dijo que la disminución de los casos federales de inmigración niega a las mujeres abusadas y a los niños trabajadores en la planta de Postville, la oportunidad por un cambio más justo "justicia perpetradora"’

Obstaculizar las Visas-U

También hace más difícil para los trabajadores que fueron víctimas de delitos como el asalto sexual, obtener visas especiales (Llamadas Visas U) que les permitirían vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, comentó Parras Konrad.

"Se fueron todo el camino con los inmigrantes, ¿por qué no con las personas responsables de contratar a los inmigrantes?," Parras Konrad expresó. ‘ICE (U.S Inmigración y Aduanas) planeó el ataque durante 18 meses para intimidar a los inmigrantes y se notaba: "ellos sólo querían asustar a otros empleados."

Bob Teig, el portavoz para la oficina del fiscal de U.S, dijo que no podia hacer comentarios.

Parras Konrad, abogada defensora, se encuentra en Washington, DC. esta semana para pedir a los funcionarios igualdad de oportunidades en el empleo, adoptar medidas sobre 20 denuncias que presentó en agosto de 2008 por explotación de niños, violación, asalto sexual y el acoso a la planta de Postville.

La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo concluye:"la victimización que soportaron" podría ayudar a sus clientes a obtener la visa U.

María Flores, portavoz de la Comisión antes mencionada, dijo que la agencia no puede confirmar o negar que las denuncias hayan sido presentadas.

Inmediatamente después de la redada, cerca de 400 mujeres inmigrantes, niños y hombres adolescentes huyeron a buscar refugio en St Bridget, luego alrededor de unos 900 agentes del ICE rodearon la planta.

En los meses que siguieron, el Ministerio para el Fondo Hispánico de St. Bridget enfrentó un gasto de hasta $80,000 al mes por el alquiler, calefacción, alimentación y gastos médicos para los detenidos en Postville, comentó Ouderkirk.

Varios informes de prensa estiman el costo de la redada en $ 6 millones, pero el gobierno federal no gastó "un centavo" para ayudar a St Bridget a mantener a los detenidos, para el juicio federal de inmigración ya no tenían la intención de esperar, comentó Ouderkirk .

La iglesia sigue siendo el centro de información para el apoyo financiero, legal, médico y emocional de los ex trabajadores de la planta y sus familias. Como la gente se ha ido, el gasto se ha reducido entre $ 10,000 a $ 20,000 al mes, pero la iglesia aún tiene que encontrar los fondos, expresó Ouderkirk.

Susan Elan ha cubierto la sección de política en los diarios del área metropolitana de Nueva York por más de una década. También ha trabajado como reportera para una estación de radio de inglés en París.

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