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Part: 10

Normas de empleo de asistencia social golpean a las mujeres con discapacidad

Saturday, October 2, 2010

Petra Rodríguez perdió los beneficios de la asistencia social cuando se lastimó la espalda y no pudo mantener su de trabajo asignado de asistencia social. Un abogado de Ayuda Legal dice que situaciones como la suya ayudan a explicar por qué las listas se han reducido - la gente está desalentada a solicitarlas.

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Petra Rodríguez perdió los beneficios de la asistencia social cuando se lastimó la espalda y no pudo mantener su de trabajo asignado de asistencia social. Un abogado de Ayuda Legal dice que situaciones como la suya ayudan a explicar por qué las listas se han reducido - la gente está desalentada a solicitarlas.
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BRONX, N.Y. (WOMENSENEWS)-- Las listas de la Asistencia Social en el estado de Nueva York cayeron en más de un 60 por ciento desde 1997 hasta 2008, de acuerdo a la Federación Protestante de Agencias de Asistencia Social con sede en la ciudad de Nueva York.
 
Pero esos números no hacen nada para animar a Kenneth Stevens Stephens, un abogado de la Sociedad de Ayuda Legal en Brooklyn, NY.
 
Él dice que un proceso complicado para asegurar y mantener los beneficios simplemente ha desalentado a los solicitantes, la mayoría de las cuales son mujeres solteras con hijos. En otras palabras, a cualquiera que le es posible sobrevivir sin asistencia social, lo hará.
 
Después del pesado éxodo, la mayor parte de personas que se quedaron en la asistencia social, dijo, o eran personas sanas que no son elegibles para beneficios de seguro de desempleo o aquellas que enfrentan serias barreras de algún tipo - física, psiquiátrica o de idioma – para encontrar empleo.
 
Las mujeres con discapacidad que dependen de TANF - Asistencia Temporal para Familias Necesitadas - son una preocupación especial debido a los problemas que enfrentan para cumplir los requisitos de trabajo impuestos en 1996 cuando el sistema fue revisado.
 
Petra Rodríguez sabe todo acerca de eso.
 
Rodríguez ha vivido durante muchos años en el Bronx, el municipio de la ciudad de New York, donde en el 2008 la tasa de pobreza de más de 27 por ciento fue más del doble de la tasa de pobreza promedio de la ciudad.
 
Ella fue ama de casa de tiempo completo hasta 1995, cuando el padre de sus cuatro hijos, que había sido la única fuente de ingresos, abandonó a la familia.
 
¿Cómo iba a mantener a sus niños de 4, 10, 12 y 14, y otro en camino? ¿De dónde iba a conseguir el dinero para alimentos, servicios  y el alquiler de su apartamento subsidiado?
 
"Estaba recibiendo $250 en cupones de alimentos una vez al mes, además de Medicaid. Yo estaba luchando", dijo en una reciente entrevista telefónica.
 
Un supervisor de una oficina local de la Administración de Recursos Humanos ayudó a la familia a obtener más asistencia, pero incluso el aumento dejaba algunos de sus gastos básicos no cubiertos.
 
"Yo estaba sobreviviendo gracias al aumento de los cupones de alimentos a $325 dólares al mes con $42 dólares en efectivo para mi electricidad", ella dijo. "Mi alquiler estaba atrasado."
 
Una lesión poco común
 
Pero de alguna manera ella mantuvo a la familia hasta el 2003, cuando sufrió una lesión poco común.
 
Su hija, entonces de 18 años, estaba cuidando del hijo discapacitado de un familiar quien sin darse cuenta golpeó a Rodríguez. El accidente la dejó con disfunción en la vejiga y un nervio aplastado en su espalda lo que hizo que el sentarse le produzca dolor y dificultad.
 
Rodríguez tenía un trabajo en el Programa TANF de capacitación en Experiencia Laboral, o WEP, archivando documentación en una oficina de Administración de Recursos Humanos no lejos de su casa. Pero la lesión hacía el trabajo de escritorio insoportable.
 
Rodríguez no volvió a su puesto de trabajo y al mes siguiente, ella supo que algo andaba mal cuando sus beneficios no llegaron.
 
Su asistente social le dijo que ella fue sancionada por no presentarse a trabajar, y le recomendó que solicitara los beneficios del Seguro Social federal por incapacidad. Se los negaron.
 
Como resultado del accidente y de no ser capaz de trabajar, las autoridades de la asistencia social sugirieron que su hija se hiciera cargo de su trabajo como una forma de restaurar los beneficios de la familia. Su hija se negó. Ese fue el final de los beneficios.
 
Cada mes, 15.000 familias estadounidenses pierden los beneficios de la asistencia social debido a este tipo de las así llamadas sanciones de familia, Legal Momentum, un grupo de defensa con sede en Nueva York, dice en su informe de 2009, "El amargo fruto de la Reforma de la Asistencia Social: Una fuerte caída en el porcentaje de mujeres y niños elegibles de recibir asistencia social."
 
Rodríguez era aún elegible para recibir cupones de comida debido a que su hijo menor tenía sólo 8 años de edad. Ella todavía podía cuidar niños y su hijo mayor tenía trabajos ocasionales y la ayudaba cuando podía. Así que ella todavía era capaz de hacer frente.
 
Pero vayamos hasta el 2005, cuando su hija de 20 años tuvo un bebé y solicitó la asistencia pública. La similitud de nombres y direcciones causó una confusión entre los dos casos. El caso de Rodríguez fue cerrado y el de su hija quedó establecido. Los beneficios llegaron a la casa, pero eran sólo lo suficiente para su hija y la nueva nieta.
 
Rodríguez dijo que empeoró de salud, dificultando su capacidad para enderezar las cosas. Para entonces ella había desarrollado una enfermedad del corazón y pocos meses después sufrió un derrame cerebral.
 
Ella ha sido hospitalizada en nueve ocasiones entre el año pasado y el presente informe. Incapaz de asistir a las citas de recertificación de los cupones de alimentos y ayuda en efectivo a las que ella y su hijo menor, ahora de 15, eran elegibles, perdió ambos. Citas perdidas significan casos cerrados.
 
Esperando una decisión
 
Ahora ella espera una decisión de una reciente audiencia con la Oficina de Asistencia Temporal y Discapacidad del Estado de Nueva York, donde se representó a si misma y  entregó los documentos de su hospital para que sean revisados por un juez de derecho administrativo. Rodríguez espera ser vista como que califica para los ingresos del Seguro Social, ya que no ha sido capaz de tener un trabajo durante más de un año.
 
"He pasado por muchas cosas", dijo Rodríguez. "Estoy paranoica acerca de ir a la oficina de asistencia social."
 
Stevens Stephens, el abogado de Legal Aid Society, dijo que su grupo está presionando al estado para que sea flexible en la identificación de los participantes como exentos o exentos temporalmente de los requisitos de trabajo de asistencia social para que puedan así calificar a los beneficios de incapacidad bajo la Administración del Seguro Social.
 
Stephens Stevens también dijo que las personas con discapacidad como Rodríguez, se enfrentan a dificultades adicionales en virtud de un plan de la Administración de Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York  para centralizar los centros de trabajo donde los postulantes puedan reunirse con los trabajadores sociales.
 
Según el plan, sólo tres de los 31 centros en Nueva York podrán atender a los clientes con discapacidad; estos centros se encuentran en el Bronx, Brooklyn y Manhattan. Para los participantes con discapacidad en otras partes de la ciudad, el plan crearía nuevos viajes y dificultades de programación, lo que se está luchando a través de un litigio pendiente en el Estado de Nueva York. En términos prácticos, esto significa que un solicitante de asistencia social tendría que pasar hasta dos horas en el transporte público y gastar un mínimo de $4.50 en tarifas para llegar al centro. Además, muchas de las estaciones del metro no son accesibles para minusválidos, lo que significa que muchos tienen que depender de los relativamente más lentos y menos frecuentes transportes en autobús.
 
El caso Lovely H. contra Eggleston, una acción judicial federal presentada en el marco de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades, busca detener a la ciudad de la discriminación contra las personas con discapacidad mediante la transferencia de sus casos a centros de trabajo separados, sin darles la oportunidad de decidir utilizar esos centros voluntariamente. En la actualidad, la Sociedad de Ayuda Legal está presionando a la ciudad para resolver el caso. El caso se ha prolongado durante más de cuatro años.
 
Anna Limontas-Salisbury es una escritora residente en Brooklyn, N.Y.