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Part: 7

Empaquetadoras de Carne Arrestadas en Iowa Viven en un Limbo Legal

Thursday, December 17, 2009

Luego de 19 meses de detención a raíz de una redada en la planta procesadora de carne de Iowa, alrededor de una docena de mujeres inmigrantes continuan llevando dispositivos de rastreo en sus tobillos, mientras que autoridades federales deciden su destino.

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Luego de 19 meses de detención a raíz de una redada en la planta procesadora de carne de Iowa, alrededor de una docena de mujeres inmigrantes continuan llevando dispositivos de rastreo en sus tobillos, mientras que autoridades federales deciden su destino.
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Quendi García muestra el dispositivo de monitoreo que ha utilizado desde mayo 2008.POSTVILLE, Iowa (WOMENSENEWS)--A los 14 años de edad, Quendi García dejó su pueblo en México y cruzó a los Estados Unidos para comenzar su vida laboral en Agricoprocesadoras, una planta procesadora de carne Kosher al noreste de Iowa.

Los siguientes 9 años, García trabajó 10- horas diarias, seis días a las semana, cortando miles de pollos en la planta, una de las instalaciones Kosher más grandes en los Estados Unidos, hasta que el 12 de Mayo de 2008, sobrevino una masiva incursión militar de inmigración.

Desde que fue arrestada por entrar ilegalmente al país, García y sus dos hijas nacidas en los Estados Unidos dependen de la ayuda que les ha brindado la Iglesia Católica Romana de St. Bridget y su Fondo Ministerial Hispánico, para pagar el alquiler, su comida, la calefacción y facturas médicas. García debe utilizar el dispositivo de vigilancia las 24 horas del día. Ella no está autorizada a trabajar o salir del estado. Pero sí es libre de moverse por Postville.

St. Bridget ha ayudado a las familias y trabajadores menores de edad, aquellos que no tienen donde ir después de la redada, dijo el Sacerdote Paul Ouderkirk, pastor de la iglesia.

García y muchos otros permanecen en un limbo legal hasta que el Departamento de Seguridad del País decida si ellos califican para la residencia legal o serán deportados.

García expresó en una reciente entrevista que ha sobrevivido – el cruce clandestino de Río Grande a pie como una adolescente, sus años de trabajo con un cuchillo en el suelo de un matadero, un frío que congela en su país de adopción – comparado con la ansiedad, miedo, depresión, tristeza, y el sentimiento de impotencia que ha experimentado, seguidos por su arresto y detención hace 19 meses con cargos de inmigración.

Ella ha sido forzada a utilizar un grueso dispositivo de dos pulgadas ubicado en su tobillo. El monitor electrónico frota contra la piel, lo cual provoca un hematoma y dificulta el caminar.

Los funcionarios de inmigración han descripto el dispositvo de vigilancia en algunos informes de prensa como una medida humanitaria que les ayuda a rastrear a las madres que han sido detenidas para, poder volver a sus casas con sus hijos, en lugar de permanecer detenidas.

11 Mujeres Siguen Detenidas

Más de un año y medio después de la redada de Postville que arrestó aproximadamente a 389 inmigrantes, en su mayoría guatemaltecos y mexicanos, de ellos, 11 fueron mujeres, incluyendo a García, y todavía usan un monitor el cual toma dos horas para cargar, y no puede ser removido ni para tomar un baño.

Algunos abogados han conseguido quitar los monitores. Como la mayoria de los casos, estos permisos se obtienen arbitrariamente.

Los detenidos tienen prohibido salir del estado y no están autorizados para trabajar.

Se espera, que algunos de ellos, sirvan en un caso de inmigración que durante meses había sido programado para comenzar el 2 de diciembre. El vice presidente de Agriprocessors, Sholom Rubashkin, enfrenta 72 cargos federales que inculyen violación de leyes de inmigración y falsificación de documentos.

En cambio, los cargos federales fueron retirados el mes pasado para evitar un jucio prolongado y costoso ayudando a disminuir los inconvenientes de los testigos. El asistente de U.S. Peter Deegan, Jr, escribió al instante para desestimar los perjuicios.

En noviembre, Rubashkin fue condenado en un juicio independiente, con 86 cargos por fraudes finanacieros que incluyen bancos, correos, fraude electrónico y lavado de dinero.

El estado ha programado una audiencia sobre la situación de más de 900,000 cargos de violaciones de trabajo contra niños en enero de 2010. Se espera, que algunas mujeres de Postville testifiquen.

Imposibilidad de Contar sus Historias

Quendi García muestra el dispositivo de monitoreo que ha utilizado desde mayo 2008.Sonia Parras Konrad, una abogada de Des Moines quien ha representado 44 clientes sin cargo de Postville, dijo que Rubashkin enfrenta cargos federales. Muchos de los inmigrantes que se quedan, enfrentan la deportación sin haber tenido nunca la oportunidad para contar el abuso y la explotación que han padecido.

En 15 de diciembre , un gélido día de nieve, un flujo constante de mujeres y niños corrían a través de la oficina local del Centro Hispano de la iglesia Católica Romana buscando ayuda de un asistente bilingüe legal; Violeta Aleman, ministro Hispano Paul Rael y unos trabajadores sociales bilingües como Bill Deutsh.

El estrés por la separación de sus seres queridos quienes ya han sido deportados y la preocupación de no saber si ellos también se verán obligados a regresar a sus países donde no tienen ninguna esperanza, ha generado una gran necesidad de orientación, dijo Deutsch.

A principios de esta semana, Women’s eNews habló con 5 de las 11 mujeres quienes todavía utilizan los monitores. Todas ellas dicen que los dispositivos han creado moretones cuando caminan e interfieren con su sueño. La solución que dan algunos oficiales, es que se cambien el monitor a la otra pierna, comentó Alemán.

El portavoz del departamento de Seguridad Nacional Tim Counts expresó, que algunos de los dispositivos han sido removidos pero no pudo decir un número exacto. Counts dijo que escuchó reclamos, pero "no tiene pruebas documentadas sobre lesiones."

Defensores de la reforma migratoria y una coalición de voluntarios de los líderes religiosos, ciudadanos locales, abogados, trabajadores sociales y traductores han expresado su indignación sobre la decisión de retirar los cargos federales de inmigración contra el propietario de la planta Rubashkin.

Leslye Orloff, directora del Programa de Mujeres Inmigrantes Legal Momentum, para la defensa jurídica y la educación, fundado en Washington, D.C., dijo que la disminución de los casos federales de inmigración niega a las mujeres abusadas y a los niños trabajadores en la planta de Postville, la oportunidad por un cambio más justo "justicia perpetradora"’

Obstaculizar las Visas-U

También hace más difícil para los trabajadores que fueron víctimas de delitos como el asalto sexual, obtener visas especiales (Llamadas Visas U) que les permitirían vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, comentó Parras Konrad.

"Se fueron todo el camino con los inmigrantes, ¿por qué no con las personas responsables de contratar a los inmigrantes?," Parras Konrad expresó. ‘ICE (U.S Inmigración y Aduanas) planeó el ataque durante 18 meses para intimidar a los inmigrantes y se notaba: "ellos sólo querían asustar a otros empleados."

Bob Teig, el portavoz para la oficina del fiscal de U.S, dijo que no podia hacer comentarios.

Parras Konrad, abogada defensora, se encuentra en Washington, DC. esta semana para pedir a los funcionarios igualdad de oportunidades en el empleo, adoptar medidas sobre 20 denuncias que presentó en agosto de 2008 por explotación de niños, violación, asalto sexual y el acoso a la planta de Postville.

La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo concluye:"la victimización que soportaron" podría ayudar a sus clientes a obtener la visa U.

María Flores, portavoz de la Comisión antes mencionada, dijo que la agencia no puede confirmar o negar que las denuncias hayan sido presentadas.

Inmediatamente después de la redada, cerca de 400 mujeres inmigrantes, niños y hombres adolescentes huyeron a buscar refugio en St Bridget, luego alrededor de unos 900 agentes del ICE rodearon la planta.

En los meses que siguieron, el Ministerio para el Fondo Hispánico de St. Bridget enfrentó un gasto de hasta $80,000 al mes por el alquiler, calefacción, alimentación y gastos médicos para los detenidos en Postville, comentó Ouderkirk.

Varios informes de prensa estiman el costo de la redada en $ 6 millones, pero el gobierno federal no gastó "un centavo" para ayudar a St Bridget a mantener a los detenidos, para el juicio federal de inmigración ya no tenían la intención de esperar, comentó Ouderkirk .

La iglesia sigue siendo el centro de información para el apoyo financiero, legal, médico y emocional de los ex trabajadores de la planta y sus familias. Como la gente se ha ido, el gasto se ha reducido entre $ 10,000 a $ 20,000 al mes, pero la iglesia aún tiene que encontrar los fondos, expresó Ouderkirk.

Susan Elan ha cubierto la sección de política en los diarios del área metropolitana de Nueva York por más de una década. También ha trabajado como reportera para una estación de radio de inglés en París.